7 Abril 2020

Arteaga|Gorziglia nos informa sobre las medidas de la nueva Ley de Protección al Empleo

El estudio de abogados Arteaga|Gorziglia, socio de CAMACOES, nos entrega un completo boletín sobre la recién promulgada ley cuyo objetivo principal es facultar el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N 19.728 en circunstancias excepcionales.

Camila Torres, abogada laboral el buffet, explica que “otorga facilidades para que tanto empleadores como trabajadores puedan suspender sus obligaciones emanadas del contrato de trabajo” a raíz de la paralización de actividades de la empresa por la crisis sanitaria, lo que significa, aclara, “que los trabajadores no tendrán la obligación de prestar servicios y el empleador no tendrá la obligación de pagar remuneraciones”.

La experta explica además, que “para salvaguardar la seguridad económica de los trabajadores, se otorgará un subsidio a sus remuneraciones con cargo a su cuenta individual de la Administradora de Fondos de Cesantía.”

Lee a continuación el boletín completo en que la firma analiza, explica y resume esta nueva ley.

Arteaga|Gorziglia

En atención a lo anunciado este 1 de abril de 2020 por el Presidente de la República referente a la nueva  “Ley que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley N 19.728 en circunstancias excepcionales”, la cual entrará en vigencia una vez sea publicada en el Diario Oficial, Arteaga | Gorziglia le informa de las medidas extraordinarias y transitorias contenidas en esta nueva ley para la protección de los ingresos y fuentes laborales.

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DEL TRABAJO

Contrato de Trabajo

Supuesto: Existencia de un acto o declaración de la autoridad competente que establezca medidas para el control del COVID-19, que impliquen la paralización de actividades en todo o parte del territorio del país y que impida o prohíba totalmente la prestación de los servicios contratados.

Cobertura: El Subsecretario de Hacienda deberá dictar una resolución fundada en la que señalará la zona o territorio afectado de conformidad a los efectos del acto o declaración de autoridad y, en su caso, las actividades o establecimientos exceptuados de la paralización de actividades.

Beneficio: Los trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la ley N° 19.728 que cumplan con las condiciones establecidas en la ley, excepcionalmente tendrán derecho a la prestación por cesantía para el retiro de fondos de su cuenta individual en la Administradora de Fondos de Cesantía (“AFC”).

Para esto se considerará el promedio de las remuneraciones imponibles devengadas en los últimos tres meses en que se registren cotizaciones, anteriores al inicio del acto o declaración de autoridad.

Requisitos: Los trabajadores deberán cumplir con uno de los siguientes requisitos:

(i) Registrar tres cotizaciones continuas en los últimos tres meses inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad; o

(ii) Registrar un mínimo de seis cotizaciones mensuales continuas o discontinuas durante los últimos doce meses, siempre que a lo menos registren las últimas dos cotizaciones con el mismo empleador en los dos meses inmediatamente anteriores al acto o declaración de autoridad.

No será necesario que cumplan con el requisito de situación de cesantía.

Trabajadores excluidos del beneficio: No podrán acogerse al presente beneficio los siguientes trabajadores:

(i)  Aquellos que al momento de dictarse el acto o la declaración de la autoridad hubiere suscrito con su empleador un pacto que permita asegurar la continuidad de la prestación de los servicios durante la vigencia de este evento y que implique continuar recibiendo todo o parte de su remuneración mensual.

(ii) Aquellos que, en este mismo período, perciban un subsidio por incapacidad laboral, cualquiera sea la naturaleza de la licencia médica o motivo de salud que le dio origen, durante el tiempo en que perciba dicho subsidio.

Retroactividad: Los trabajadores afiliados al seguro de desempleo cuyos empleadores hayan paralizado sus actividades por mutuo acuerdo o por el acto o declaración de autoridad, o que hayan pactado la continuidad de la prestación de los servicios, durante el período comprendido entre el 18 de marzo de 2020 y la entrada en vigencia de la ley, podrán acceder a las prestaciones aquí establecidas.

Financiamiento: Se girarán los recursos de la cuenta individual por cesantía del trabajador y, cuando éstos fueren insuficientes, se financiarán con cargo al Fondo de Cesantía Solidario.

Solicitud: Podrá ser presentada por el empleador ante la AFC con los siguientes antecedentes:

(i) Declaración jurada simple que dé cuenta que el o los trabajadores respecto de los cuales se solicita la prestación no se encuentran excluidos del beneficio;

(ii) Información necesaria para efectuar el pago correspondiente al trabajador.

El empleador será personalmente responsable de la veracidad de las declaraciones del documento.

El trabajador respecto del cual no se haya solicitado el beneficio podrá requerirlo ante la AFC presentando para tales efectos una declaración jurada simple en los mismos términos.

Forma de pago: El beneficio se pagará por mensualidades vencidas y se devengará a partir de la fecha en que comience a regir el acto o declaración de autoridad. En el caso de que el evento tenga una duración inferior a un mes calendario, la prestación se pagará de forma proporcional.

Interrupción del pago: Si se le otorgare al trabajador licencia médica con derecho a subsidio por incapacidad laboral, se interrumpirá el pago del beneficio, reanudándose el pago una vez finalizado el periodo de licencia médica.

Fiscalización: El empleador remitirá, mensualmente a la Dirección del Trabajo, la nómina de trabajadores que se hayan visto afectados por la suspensión de las obligaciones contractuales. La Dirección del Trabajo podrá determinar el incumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley, aplicando las sanciones que en derecho correspondan.

Suspensión de la relación laboral por acto o declaración de autoridad: El acto o la declaración de autoridad tendrá por consecuencia la suspensión temporal, de pleno derecho y por el solo ministerio de la ley, de los efectos de los contratos regidos por el Código del Trabajo en el o los territorios que correspondan. Esto implicará el cese temporal de la obligación de prestar servicios por parte del trabajador y de la obligación de pagar la remuneración y demás asignaciones por parte del empleador.

Pacto de suspensión voluntaria: Los empleadores podrán suscribir con el o los trabajadores, personalmente, o previa consulta a la organización sindical, un pacto de suspensión temporal del contrato de trabajo por los periodos excluidos del acto o declaración de autoridad y hasta 6 meses posteriores a la entrada en vigencia de la ley. El pacto tendrá los mismos efectos que la suspensión de la relación laboral por acto o declaración de autoridad.

Obligaciones del empleador: El empleador estará obligado a pagar las cotizaciones previsionales y de seguridad social, tanto de su cargo como aquellas del trabajador, con excepción de las cotizaciones del seguro social de la ley N°16.744. Las cotizaciones se calcularán sobre el 50% de la remuneración que sirve de base para el cálculo del beneficio.

Término de la relación laboral: Durante la suspensión de la relación laboral sólo se podrá poner término a la relación laboral por aplicación de la causal establecida en el artículo 161 del Código del Trabajo.

PACTOS DE REDUCCIÓN TEMPORAL DE JORNADAS DE TRABAJO

 Partes: Empleadores y trabajadores afiliados al seguro de desempleo de la ley N° 19.728, personalmente o por medio de la organización sindical a la que se encuentren afiliados.

Objeto: Pactar la reducción temporal de la jornada de trabajo hasta en un 50% de la jornada convenida originalmente. El trabajador tendrá derecho a las siguientes prestaciones:

(i)  Remuneración de cargo del empleador, equivalente a la jornada reducida. Se considerará el promedio de las remuneraciones imponibles devengadas en los últimos tres meses inmediatamente anteriores;

(ii) Complemento de cargo a su cuenta individual por cesantía y, una vez agotado el saldo, con cargo al Fondo de Cesantía Solidario;

(iii) Remuneraciones o beneficios cuyo pago corresponda efectuarse durante la vigencia del pacto, tales como aguinaldos, asignaciones, bonos y otros conceptos excepcionales o esporádicos, y cualquier otra contraprestación que no constituya remuneración;

(iv) El empleador estará obligado a pagar y enterar las cotizaciones previsionales y de seguridad social, correspondientes a la remuneración imponible convenida en el pacto.

Cálculo del complemento: El complemento otorgado por la AFC se calculará de la siguiente forma:

(i)   Si la jornada de trabajo se reduce en un 50%, este complemento ascenderá a un 25% del promedio de la remuneración imponible del trabajador devengada en los últimos tres meses anteriores al inicio del pacto.

(ii)  Si la reducción de jornada es inferior al 50%, el complemento se determinará proporcionalmente.

(iii) El complemento tendrá un límite máximo mensual de $225.000 por cada trabajador afecto a una jornada ordinaria. Este límite máximo se reducirá proporcionalmente en caso de jornadas inferiores.

(iv) Si se celebran pactos de reducción temporal de la jornada de trabajo sucesivos con un mismo empleador, el promedio de la remuneración imponible de los últimos tres meses se calculará considerando la remuneración imponible declarada con anterioridad a la celebración del primer pacto.

(v)  El complemento no se considerará remuneración ni renta para todos los efectos legales ni estará afecto a cotización previsional alguna, ni será embargable.

La AFC efectuará mensualmente los pagos del complemento en favor de cada trabajador, a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de ejecución del pacto respectivo.

Prohibición de nuevas contrataciones: Los empleadores no podrán contratar nuevos trabajadores que realicen iguales o similares funciones desarrolladas por aquellos que hubieren suscrito los pactos. En el evento que un empleador se viere en la necesidad de contratar nuevos trabajadores, para otras funciones, deberá ofrecer primero la vacante a aquellos trabajadores con contrato de trabajo vigente, en la medida que tengan similares capacidades, calificaciones e idoneidad para desempeñar el o los cargos que se buscan cubrir.

Condiciones del empleador: Podrán suscribir los pactos de reducción temporal de jornada los empleadores que se encuentre en alguna de las condiciones que se establecen a continuación:

(a) Empleadores contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado, que a contar de octubre de 2019 hayan experimentado una disminución del promedio de sus ventas declaradas al Servicio de Impuestos Internos en un período cualquiera de 3 meses consecutivos, que exceda de un 20% calculado respecto del promedio de sus ventas declaradas en el mismo período de 3 meses del ejercicio anterior.

(b) Que se encuentre actualmente en un procedimiento concursal de reorganización, según resolución publicada en el Boletín Concursal de reorganización y liquidación de empresas y personas.

(c) Que se encuentre actualmente en un procedimiento de asesoría económica de insolvencia, según conste en certificado emitido y validado en los términos de los artículos 17 y 18 de la Ley de Reorganización o Cierre de Micro y Pequeñas Empresas en Crisis.

(d) Empleadores cuyas empresas, establecimientos o faenas hayan sido exceptuadas del acto o declaración de autoridad que implique la paralización de actividades, y necesiten reducir o redistribuir la jornada ordinaria de trabajo de sus trabajadores para poder mantener su continuidad operacional o para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores.

Límites del pacto: La reducción temporal de la jornada de trabajo se podrá pactar durante la vigencia de la presente ley por un periodo máximo de cinco meses continuos, para trabajadores con contrato de trabajo indefinido, y de tres meses continuos, para trabajadores con contrato de trabajo a plazo fijo, por una obra, trabajo o servicio determinado. La duración mínima de un pacto de reducción temporal de la jornada de trabajo será de un mes.

Condiciones del trabajador: El pacto de reducción temporal de jornada podrá ser suscrito por el trabajador que cumplan las siguientes condiciones:

(i)   Contrato de trabajo indefinido: Registren diez cotizaciones mensuales continuas o discontinuas en la AFC.

(ii)  Contrato a plazo fijo, o por obra, trabajo o servicio: Registren cinco cotizaciones mensuales continuas o discontinuas en la AFC.

(iii) Las cotizaciones deberán estar registradas desde su afiliación al seguro de desempleo o desde que se devengó el último giro por cesantía a que hubieren tenido derecho.

(iv) Para acceder a las prestaciones con cargo al Fondo de Cesantía Solidario, dichas cotizaciones deberán haberse registrado en los últimos 24 meses anteriores a la fecha de la celebración del pacto respectivo.

(v)  Registrar las tres últimas cotizaciones continuas con el mismo empleador con quien suscriba el pacto de reducción temporal de jornada.

(vi) No podrán celebrar el pacto aquellos trabajadores que se encuentren gozando de fuero laboral.

Suscripción: El pacto deberá suscribirse a través de la plataforma en línea que habilite la Dirección del Trabajo, entendiéndose como un anexo al contrato de trabajo.

Término de la relación laboral: En el evento que alguna de las partes pusiere término al contrato de trabajo, las indemnizaciones que el trabajador tuviere derecho a percibir se calcularán conforme a las remuneraciones y condiciones contractuales vigentes con anterioridad a la suscripción del pacto.

DISPOSICIONES GENERALES

Vigencia de la ley: Las disposiciones de la presente ley regirán desde el día de su publicación en el Diario Oficial.

Desvinculación por caso fortuito o fuerza mayor: Durante el plazo de 6 meses o bien, existiendo el Estado de Catástrofe decretado por el Presidente de la República, no se podrá poner término a los contratos de trabajo por la causal del numeral 6° del artículo 159 del Código del Trabajo, invocando como motivo los efectos de la pandemia de COVID-19.

Si durante el período comprendido entre el 18 de marzo de 2020 y la entrada en vigencia de la presente ley, las partes hubieren dado término a la relación laboral, cualquiera fuere la causal, estas podrán resciliar dicha terminación y acogerse a estas disposiciones.

Sanción penal: Reclusión menor en sus grados medio a medio a máximo para quienes obtuvieren complementos, prestaciones y/o beneficio mayor al que les corresponda mediante simulación o engaño. Igual sanción será aplicable a quienes faciliten los medios para la comisión de tales delitos. Lo anterior, es sin perjuicio de la obligación de restituir las sumas indebidamente percibidas, con los reajustes que conforme a derecho correspondan.

Serán responsables de estos delitos los empleadores que sean personas jurídicas, cuando dichos delitos sean cometidos por personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión directa de alguno de sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión.

Obligaciones de trabajadores con bancos e instituciones financieras: Los trabajadores que hagan uso de los beneficios de esta ley tendrán derecho a hacer efectivos los seguros de cesantía o cláusulas de cesantía asociadas a los créditos con bancos, instituciones financieras, casas comerciales y similares, con los que mantengan deudas en cuotas u otra modalidad. Se entenderá que el trabajador se encuentra en una situación de cesantía involuntaria para los efectos de la cobertura de los riesgos previstos en la póliza respectiva, acreditando su condición con un certificado emitido por el empleador.

Empresas que contratan con el Estado: No podrán hacer uso de las prestaciones de esta ley, las empresas que habiendo contratado o celebrado convenios que se financien íntegramente con cargo a la ley de presupuestos del sector público, reciban de los servicios o instituciones los pagos correspondientes.

 

 

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