CHILE - CÓMO HACER NEGOCIOS

  • MARCO LEGAL
  • REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS
  • INCENTIVOS
  • REGIMEN TRIBUTARIO
  • LEGISLACIÓN LABORAL
  • LINKS DE INTERÉS
  • CONVENIO ANTICOHECHO
Existen en Chile dos mecanismos fundamentales que regulan las inversiones extranjeras:
  • El Estatuto de la Inversión Extranjera o Decreto Ley 600
  • El Artículo 47 de la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central, conocido también como el Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales (CNCI).
Asimismo, existe una tercera vía, a través de la Ley n°18.657, que regula la figura jurídica del Fondo de Inversiones de Capital Extranjero (FICE) aunque, en este caso, los capitales invertidos tienen que ampararse en el Capítulo XIV o en el Decreto Ley 600.
 
En noviembre de 2002 fue aprobada una nueva norma, conocida como ley de "plataforma de inversiones", diseñada para incentivar la inversión extranjera, al considerar las ventajas de Chile como base para la inversión y prestación de servicios hacia otros países de Iberoamérica y el resto del mundo, ofreciendo al inversor no nacional un instrumento societario exento del pago de impuestos en Chile sobre los beneficios obtenidos por dichas inversiones. La utilidad que hasta el momento está teniendo esta nueva herramienta para atraer inversiones extranjeras al país ha sido escasa, ya que existen ciertas dudas sobre su interpretación jurídica y aplicabilidad práctica.
 
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REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS
 
Una clave dentro de las ventajas para invertir en Chile resulta el marco legal y tributario que presenta para la inversión extranjera, caracterizado por reglas transparentes y no-discriminatorias, así como la no-discrecionalidad en los procedimientos de la autoridad.
 
Para evitar flujos de inversiones especulativas, el CINVER (Comité de Inversiones Extranjeras) estableció desde 1996 una distinción entre Inversiones Productivas, que se canalizan por el Decreto Ley 600, e Inversiones no Productivas (de carácter financiero) que se realizan bajo las disposiciones del Capítulo XIV del Compendio de Cambios Internacionales. Estos mecanismos buscan generar una seguridad tributaria y condiciones estables para atraer a los inversores extranjeros a Chile.
 
Más del 81% de la inversión extranjera materializada entre 1990 y 2004 ha entrado al país a través del D.L. 600. Basado en principios constitucionales, el Estatuto de la Inversión Extranjera garantiza un trato no- discriminatorio y no-discrecional al inversor extranjero. En consecuencia, los inversores extranjeros gozan de los mismos derechos y garantías que los inversores locales. Por su parte, la no-discrecionalidad garantiza la existencia de procedimientos claros, conocidos y transparentes, que aseguren un tratamiento justo e imparcial al inversor extranjero.
 
Procedimientos relativos a la inversión extranjera
 
Un inversor extranjero que desea invertir a través del D.L. 600 debe enviar un formulario a la Vicepresidencia Ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras. Los formularios de solicitud de inversión extranjera están disponibles en la web de CINVER.
 
El monto mínimo de inversión para un nuevo proyecto es de US$ 5.000.000 para inversiones que comprenden moneda extranjera y créditos asociados. Cuando la inversión está compuesta por bienes físicos, tecnología y capitalización de utilidades o de créditos, el monto mínimo es US$ 2.500.000. Los proyectos que se someten a la consideración del Comité que consideran créditos asociados a la inversión deben cumplir con una relación entre capital y crédito de hasta 25/75.
 
Los aportes de capital en moneda extranjera de libre convertibilidad, sólo pueden ser materializados una vez que se haya formalizado el respectivo contrato de inversión extranjera. Sin embargo, al momento de presentar la solicitud de inversión extranjera al Comité, el inversor puede solicitar una autorización especial para liquidar sus divisas inmediatamente. Cualquier otra forma de aporte de capitales requiere que el contrato de inversión extranjera haya sido debidamente firmado.
 
Invariabilidad del régimen tributario sobre la renta
 
Todas las empresas chilenas deben pagar el Impuesto de Primera Categoría (conocido en España como el Impuesto de Sociedades) equivalente al 17%. Bajo el Régimen Tributario Común, al momento del retiro, distribución o remesa al exterior, según el caso, las utilidades se gravan con una tasa del 35% de Impuesto Adicional, con respecto del cual el Impuesto de Primera Categoría (Impuesto de Sociedades) pagado previamente por la empresa, constituye un crédito fiscal a favor del inversionista. Los intereses pagados a no residentes en Chile también están afectos a un impuesto de retención adicional de un 35%, sin embargo, aquellos pagados por concepto de préstamos concedidos por la banca extranjera u otras instituciones financieras están sujetos a una tasa del 4%, siempre que no excedan las disposiciones sobre endeudamiento máximo. Al momento de suscribir el contrato de inversión extranjera, el inversor puede optar por acogerse a un Régimen Especial de Invariabilidad Tributaria del 42%, establecido en el D.L. 600. En virtud de este régimen especial, la carga impositiva efectiva total a la renta a que se encuentren afectos, se mantendrá fija por un plazo de hasta diez años o -bajo el artículo 11 bis- hasta veinte años, cuando se trata de inversiones industriales y extractivas de monto igual o superior a US$ 50 millones. De esta forma, el inversor no se ve afectado por cualquier aumento impositivo que pueda sufrir el régimen tributario común durante dicho período. Se puede renunciar a este beneficio en cualquier momento, por una sola vez, no pudiendo volver posteriormente a acogerse al régimen de invariabilidad tributaria con tasa garantizada del 42%. El impuesto pagado de Primera Categoría (o Impuesto de Sociedades) de 17% actúa como crédito fiscal para efectos del cálculo de los impuestos adicionales, tanto si se trata del Régimen Común como de la Invariabilidad Tributaria.
 
Principales derechos de los inversores extranjeros
 
En Chile, el capital extranjero puede representar hasta el 100% del capital de una empresa sin que existan plazos máximos de vigencia para los derechos de propiedad adquiridos por extranjeros. También tienen amplio acceso a todos los sectores productivos de bienes y servicios, aunque existen ciertas restricciones en actividades de cabotaje, transporte aéreo y medios de comunicación. En el caso de la pesca, las restricciones están condicionadas al principio de la reciprocidad internacional.
 
Cualquier persona natural o jurídica extranjera, así como chilenos con residencia y domicilio en el exterior, pueden invertir a través del D.L. 600. Bajo este mecanismo, los inversores celebran un contrato con el Estado chileno, que no puede ser modificado unilateralmente por el Estado ni por cambios posteriores en la ley. Los inversores, sin embargo, pueden solicitar en cualquier momento modificaciones al contrato ya sea para aumentar el monto de la inversión, cambiar el objeto de ella o ceder sus derechos a otro inversor extranjero.
 
Los inversores extranjeros pueden solicitar un plazo máximo de hasta tres años para materializar sus aportes. Bajo el artículo 11 bis del D.L. 600, las inversiones no inferiores a US$ 50 millones, que tengan por objeto proyectos industriales o extractivos, incluyendo los mineros, pueden solicitar un plazo límite de hasta ocho años, cuando la naturaleza del proyecto así lo requiera. En el caso de proyectos mineros, si se requieren exploraciones previas, el Comité de Inversiones Extranjeras está facultado para extender dicho plazo hasta por un período de doce años.
 
Ventajas especiales para los inversionistas extranjeros
 
Aún cuando la Constitución de Chile se basa en el principio de la no-discriminación, el D.L. 600 ofrece algunas ventajas tributarias para los inversores extranjeros. En este caso actúa como una forma de "seguro tributario". El D.L. 600 ofrece varias opciones tributarias, pero permite básicamente que el inversionista se acoja al régimen de impuestos prevaleciente al momento de la inversión.
 
Invariabilidad de impuestos indirectos
 
El D.L. 600 establece que las inversiones extranjeras ingresadas al país bajo la forma de bienes físicos se deben acoger a las normas generales del Impuesto al Valor Agregado (IVA), así como a la regulación aduanera doméstica. Sin embargo, los inversores extranjeros tienen derecho a incluir en sus contratos una cláusula que les otorga el derecho a acceder a un régimen que congele el impuesto sobre el valor agregado (actualmente de 19%), así como los aranceles aplicables a la importación para los bienes de capital destinados al proyecto, vigentes a la fecha de la inversión, régimen que se aplica durante todo el período autorizado para realizar la inversión. Adicionalmente, las importaciones de algunos de estos bienes de capital tales como maquinaria o equipos están exentas del IVA, siempre que no se produzcan en Chile y que se encuentren incorporados en un listado elaborado por el Departamento de Comercio Exterior del Ministerio de Economía.
 
Los inversores extranjeros que hayan suscrito un contrato D.L. 600 están exentos del IVA por importaciones de tecnología, siempre que éstas también se encuentren en la nómina del mencionado Departamento de Comercio Exterior.
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En línea con su compromiso con las políticas económicas de mercado y el libre comercio, Chile no utiliza subsidios o beneficios tributarios para apoyar actividades productivas o atraer nuevas inversiones. Sin embargo, sí provee incentivos para ciertas áreas geográficas del país y respecto de nuevos sectores económicos, particularmente el de las nuevas tecnologías.
 
A través de los siguientes links podrá conseguir mayor información acerca de los tipos de incentivos que Chile ofrece al inversor español.
 
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PRINCIPALES IMPUESTOS
El tipo impositivo general del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) es del 19% (desde Octubre 2003).
 
El tipo general de gravamen el Impuesto sobre Sociedades, llamado Impuesto de Primera Categoría en Chile, es del 17% Las remesas de beneficios de la inversión extranjera tributan un 35%, del que se deduce el 17% abonado por el Impuesto de Primera Categoría, lo que según la Ley vigente puede ser objeto de modificación en cualquier momento.
 
En julio de 2003 se firmó entre España y Chile un Convenio de Doble Imposición que entró en vigor en 2004 y que establece las relaciones tributarias entre ambos países. El texto del mismo puede se encontrado dentro del apartado Comercio Exterior de nuestra Web.
 
A nivel nacional, el sistema tributario está integrado por:
 
Impuestos Directos:
 
  • Impuesto sobre la Renta(Ley sobre impuesto a la Renta Nº 824 de 1974, actualizada en 2005
    • Impuesto de Primera Categoría (Art. 20) El impuesto recae sobre las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido rentas como consecuencia del ejercicio de una actividad empresarial. Este impuesto se aplica sobre la base de los beneficios efectivamente obtenidos. El tipo único es del 17%.
    • Impuesto de Segunda Categoría (Arts. 42.1 y 43.1). Grava las rentas procedentes del trabajo dependiente. Es un tributo que se aplica de manera progresiva sobre las rentas provenientes de la actividad laboral dependiente a partir de un importe superior a 13,5 UTM (650€).
    • Impuesto Global Complementario (Art. 52). Es un impuesto personal, global, progresivo y complementario que recae sobre las personas físicas con domicilio o residencia en Chile y se aplica una vez al año sobre las rentas imponibles determinadas conforme a lo establecido para los Impuestos de Primera y Segunda Categoría. Afecta a los contribuyentes cuya renta neta global supere las 13,5 UTM.
    • Impuesto Adicional (Arts.58, 60 inc 1º y 61). El Impuesto Adicional recae sobre las personas físicas o jurídicas que no tienen residencia ni domicilio en Chile. El tipo es del 35%. La base imponible está constituida por las rentas que se transfieren al exterior procedentes de fuente chilena.
  • Impuesto sobre Herencias, Asignaciones y Donaciones (Ley sobre Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones Nº16.271 de 2000 act. 2006.
 
Impuestos Indirectos:
 
  • Impuesto sobre el Valor Agregado (Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios D.L. Nº825, actualizado en 2002). Este impuesto se aplica sobre las ventas y los servicios que establece la ley. Tiene pocas exenciones, una de ellas son las aplicables a las exportaciones y la que permite a las empresas constructoras descontar un 65% del IVA soportado. Desde el 1 de Octubre de 2003 se aplica una tasa única del 19% del valor añadido que se incorpora en cada etapa de la cadena de comercialización y distribución, hasta que el bien es adquirido por el consumidor final.
  • Impuesto sobre los productos suntuarios o de lujo (art 37 D.L. Nº825). La primera venta o importación de artículos que la Ley considera suntuarios paga un impuesto adicional al IVA del 15%. Adicionalmente, a los artículos de oro, platino, marfil, joyas, piedras preciosas, etc. se les aplica la regla general del IVA. Los fuegos artificiales y análogos tributan al 50%.
  • Impuesto sobre las bebidas alcohólicas, analcohólicas y similares (Art 42. DL Nº 825). Este impuesto se aplica con carácter adicional al IVA. Los licores, piscos, whisky, aguardientes y destilados, incluyendo los vinos licorosos o aromatizados similares al vermouth, tributan al 27%; los vinos, la sidra, la cerveza y otras bebidas alcohólicas análogas tributan al 15%; y las bebidas analcohólicas naturales o artificiales, jarabes, etc, tributan al 13%.
  • Impuesto sobre la Importación de Vehículos (Art 43 bis D.L. Nº825). Están sometidos al Impuesto sobre el Valor Agregado los vehículos cuyo importe no excede de US $ 22.788,49. A los vehículos que superen este monto, se les aplica un 42,5% sobre la cantidad en exceso. Están exentos ciertos vehículos: tractores, carretillas automóviles, vehículos casa rodante autopropulsados, vehículos para transporte fuera de carretera, coches ambulancias, coches blindados para el transporte y en general vehículos especiales clasificados en la partida 87.03 del Arancel Aduanero. Este impuesto dejará de aplicarse en 2008.
  • Impuesto sobre los Tabacos (Decreto Ley Nº 828 de 1974). Los cigarros puros tributan al 51% y los cigarrillos al 60,4% sobre el precio de venta al consumidor.
  • Impuesto sobre Timbre y Estampillas (Ley sobre impuesto de Timbres y Estampillas D.L Nº 3475 de 1980, act.2005).
  • Impuesto al Software. Existe una ley de reducción de impuesto al software, la cual rebaja y uniforma el impuesto de importación al software, asesorías tecnológicas y patentes desde el 30% al actual 15%. Esta tasa puede bajar hasta el 10% en el caso del Software español, según el tratado que evita la doble tributación entre Chile y España.
  • Impuesto sobre el Comercio Exterior. En virtud del acuerdo de Asociación Chile-UE, la mayoría de los productos están exentos del pago de arancel. El arancel promedio efectivo en 2005 se situó en el 0,7%. El arancel máximo se sitúa en el 6% y ya en el cuarto año de vigencia del acuerdo, cerca del 96% de los productos transados tienen un 0% de arancel. Revise el apartado "aranceles" dentro del menú Comercio Exterior de nuestra Web.
 
A nivel municipal, la mayor fuente de ingresos fiscales procede del:
  • Impuesto Territorial (Ley Sobre Impuesto Territorial N° 17.235 1998, act. 2006). El Impuesto sobre los Bienes Raíces o Territorial se calcula sobre el "avalúo" (concepto legal equivalente al valor catastral de las propiedades). Su recaudación corresponde a las municipalidades (ayuntamientos locales). El propietario u ocupante de la propiedad tributa de forma anual en cuatro cuotas, con vencimiento en los meses de abril, junio, septiembre y noviembre.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) es el organismo competente en materia de gestión, inspección y sanción tributaria, así como en la aplicación e interpretación de la normativa. La recaudación corresponde a la Tesorería General de la República, si bien se suele liquidar a través de los bancos comerciales.
Servicio de Impuestos Internos
 
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LEGISLACIÓN LABORAL
Las relaciones entre trabajadores y empresarios están contempladas en el Decreto con Fuerza de Ley (D.F.L.) 1, del 7 de enero de 1994, publicado el 24 de enero de 1994 como Código del Trabajo. En octubre de 2001, fue publicada la Ley N°19.759 de Reforma Laboral, que modifica el Código del Trabajo en las siguientes materias: Respeto a los derechos individuales del trabajador dentro de la empresa, reducción de la jornada de trabajo, protección del derecho a la sindicalización, regulación de nuevas formas de empleo y fortalecimiento de la capacidad fiscalizadora del Ministerio de Trabajo.
 
Aunque la reforma laboral introduce cambios importantes, no se ha diseñado un nuevo sistema de negociación colectiva, sino que se le han otorgado algunas herramientas adicionales a los trabajadores para mejorar su posición en la negociación dentro de la empresa, sin embargo, el desarrollo de la figura de la negociación colectiva en Chile dista mucho del alcanzado en España.
 
Contrato de Trabajo
 
La Ley distingue entre contrato de trabajo individual, contrato colectivo y convenio colectivo. Los contratos deben realizarse por escrito y recoger, el tiempo de duración, pudiendo existir tres tipos de contratos:
  • Contrato a plazo fijo: Es aquel en el que se especifica la fecha de término. No puede exceder de un año de duración, pero sí puede ser renovado.
  • Contrato indefinido: Es aquel que no tiene fecha de término. Cuando se produce una segunda renovación de un contrato a plazo fijo, es decir, cuando existe un tercer contrato, éste pasa a ser indefinido.
  • Contrato por obra determinada: Es aquel que termina cuando se finaliza el trabajo o servicio que dio origen al contrato.
 
Horario Laboral
 
La duración de la jornada de trabajo será la establecida en el contrato, sin que pueda exceder de 45 horas semanales desde el 1 de enero de 2005 (anteriormente era de 48 horas). Este tiempo puede ser distribuido en 5 ó 6 días. Ningún día puede exceder de 10 horas de trabajo, incluyendo las 2 horas extraordinarias que, como máximo, permite la Ley.
 
Estas normas no son aplicables a los gestores, administradores y directivos de empresa ni tampoco al personal de hoteles y restaurantes, cuya jornada laboral está regida por el artículo 27 del Código del Trabajo y puede ser de 12 horas diarias, distribuidas en un máximo de 5 días. Las horas extraordinarias se remuneran, con un recargo del 50%, debiendo ser registradas.
 
Remuneraciones
 
La ley N° 20.763, publicada en el Diario Oficial el 18 de julio de 2014, establece en su artículo 1° los valores del ingreso mínimo mensual a contar del 01 de julio de 2014, quedando fijado en $ 225.000 para los trabajadores mayores de 18 años de edad y hasta de 65 años de edad. A partir del 01 de julio de 2015, dicho monto será de $241.000 y, a contar del 01 de enero de 2016, tendrá un valor de $250.000.
 
A partir del 01 de julio de 2014, el monto del ingreso mínimo mensual para los mayores de 65 años de edad y para los trabajadores menores de 18 años de edad ha sido fijado en $ 167.968. Este ingreso mínimo ascenderá a $179.912, a contar del 01 de julio de 2015 y a $186.631, a contar del 01 de enero de 2016.
 
Finalmente, a partir del 01 de julio de 2014, el ingreso mínimo que se emplea para fines no remuneracionales ha sido fijado en $ 145.139. Este valor se elevará a $155.460 a contar del 01 de julio de 2015 y a $161.265, a contar del 01 de enero de 2016.
 
(Valores en pesos chilenos. 1 euro = 739 pesos chilenos al 24 de noviembre de 2014)
 
Cotizaciones Previsionales
 
Las principales cotizaciones previsionales son cuatro: Pensiones de vejez, invalidez o supervivencia. Los trabajadores cubren sus pensiones de jubilación con una contribución del 10% de su remuneración mensual, hasta un límite de 60 UF (Unidades de Fomento). Este gasto es deducible en el Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores deben cotizar, además, a la misma AFP, un porcentaje entre el 2,5% y 3,74% del salario mensual, hasta un límite de 60 UF, para la cobertura de las pensiones de invalidez y supervivencia.
 
El trabajador tiene derecho - que no la obligación - a jubilarse a los 65 años, en el caso de los hombres y a los 60 años, en el caso de las mujeres.
 
Seguro de salud: La asistencia sanitaria está regulada por el DL 3.500, coexistiendo dos sistemas: Un sistema público (FONASA) y un sistema privado, a través de las ISAPRE (Instituciones de Salud Previsional). En ambos casos, el trabajador deberá contribuir con el 7% del salario mensual, hasta un máximo de 60 UF, constituyendo un gasto deducible del Impuesto sobre la Renta. En el caso de las ISAPREs, la ley permite cotizaciones superiores al 7%, según el plan de salud mejorado que haya elegido el trabajador.
 
Seguro de accidentes de trabajo: Corresponde a un mínimo del 0,90% de la remuneración del trabajador. Corre a cargo del empleador y debe ser pagado en el INP (Instituto de Normalización Previsional) o en la Mutual de Seguridad -como por ejemplo la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)-, a la cual esté adherido el empleador. La cotización puede aumentar según el riesgo de la empresa.
 
Fondo de indemnización a favor del trabajador de casa particular: El empleador debe pagar el equivalente al 4,11% de la remuneración del trabajador en la AFP a la que esté afiliado el trabajador de casa particular, recursos que podrá retirar el trabajador por concepto de indemnización por años de servicios, si pierde su empleo por cualquier causa.
 
El sistema previsional chileno: AFPs e ISAPRES Todo trabajador tiene la obligación de afiliarse al sistema y cotizar a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) de su libre elección. Las AFP son instituciones privadas con un objeto social único: la administración de un fondo de pensiones, integrado por las cotizaciones de los trabajadores, otorgando y administrando las prestaciones del sistema.
 
Protección por desempleo (seguro de cesantía): El Seguro de Cesantía (Ley N°19.728) es un instrumento de seguridad social que protege al trabajador en paro, cualquiera sea la causa que origina el término de su empleo. Opera mediante cuentas individuales financiadas de forma tripartita (trabajador, empleadores y Estado) y es solidario respecto de aquellos trabajadores que perciben bajos ingresos. El seguro comienza a funcionar cuando el trabajador queda desempleado, ya sea por causa voluntaria (renuncia) o involuntaria (despido). En esa situación, el trabajador tendrá derecho a retirar giros mensuales de su cuenta individual de cesantía, siempre y cuando tenga acreditadas doce o más cotizaciones en forma continua o discontinua.
 
Si el trabajador fue despedido, podrá cobrar el seguro por un máximo de cinco meses, recibiendo en forma decreciente una renta equivalente al 50% del promedio de sus remuneraciones en el último año. En el caso de que la capitalización del trabajador sea insuficiente para acceder a ella, podrá acceder al Fondo Solidario por un máximo de 125.000 pesos el primer mes y hasta un mínimo de 75.000 pesos el quinto mes. El trabajador acogido a subsidio de cesantía tiene derecho a percibir asignaciones familiares y maternales.
 
La incorporación al seguro es obligatoria para todos los trabajadores contratados a partir de finales de 2002, cuando comenzó a operar el sistema, pero será optativo para los trabajadores con contratos previos a la ley y para los que ingresen a una empresa con sistemas de protección establecidos contractualmente y cuyos beneficios sean iguales o superiores a los del seguro.
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Convenio Anticohecho para Empresas con Participacion de Capitales Españoles en Chile
Por sugerencia de la Secretaría General de Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España, procedemos a difundir los siguientes documentos:
 
Se trata de un Instrumento y de un Convenio Internacionales adoptados en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aunque abiertos, y de hecho firmados por países no pertenecientes a esta organización, con el fin de promover un comportamiento ético de las empresas que invierten en países diferentes al suyo original. La diferencia fundamental entre uno y otro estriba en que el primero contiene recomendaciones de cumplimiento voluntario por las empresas, mientras que las disposiciones del segundo (llamado en España de manera más simple "Convenio Anticohecho") son de obligado cumplimiento para las administraciones y empresas de los países firmantes.
 
Las "Directrices" fueron adoptadas en junio de 2000 y son recomendaciones que los Gobiernos de los países que las suscriben (todos los OCDE más Argentina, Brasil, Chile, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía e Israel) dirigen a sus empresas multinacionales, con el fin de promover su comportamiento responsable y de instaurar un clima de confianza entre ellas y las sociedades de los países en los que operan.
 
Se articulan en un Preámbulo y diez capítulos (Conceptos y Principios, Principios generales, Publicación de Informaciones, Empleo y Relaciones Laborales, Medio Ambiente, Lucha contra la Corrupción, Protección de los Consumidores, Ciencia y Tecnología, Competencia, Fiscalidad), indicándose en ellas las conductas a seguir por las empresas multinacionales en diversos campos.
 
Un aspecto a destacar es su puesta en práctica efectiva a través de los Puntos Nacionales de Contacto, encargados de la divulgación de las Directrices y de su aplicación en casos concretos. En España se encuentra situado en la Secretaría General de Comercio Exterior. La divulgación de las Directrices es pues tarea esencial y más en estos momentos en que la internacionalización de nuestras empresas ha alcanzado un nivel de cierta consideración.
 
El "Convenio Anticohecho", fue adoptado en diciembre de 1997, está suscrito por cerca de 40 países (los miembros de la OCDE más Argentina, Brasil, Chile, Bulgaria, Eslovenia y Estonia) y tiene por finalidad el erradicar comportamientos corruptos que tan nocivos son para el comercio y la inversión.
 
El "Convenio" ha sido transpuesto a la legislación española en un artículo del Código Penal (artículo 445), siendo por tanto de obligado cumplimiento, incurriendo las personas, tanto físicas como jurídicas, que lo infringieran en responsabilidades penales. Debido a este último aspecto, es importante que las empresas que quieran realizar cualquier tipo de actividad en el exterior lo conozcan.

 

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Revise la Guía para invertir en Chile elaborada por Deloitte y la Cámara

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