CHILE - CÓMO HACER NEGOCIOS

  • MARCO LEGAL
  • REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS
  • INCENTIVOS
  • REGIMEN TRIBUTARIO
  • LEGISLACIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL
  • LINKS DE INTERÉS
  • CONVENIO ANTICOHECHO
MARCO LEGAL
En la actualidad conviven tres regímenes de inversión extranjera, aunque uno de ellos, el relativo al DL 600, sólo se encuentra vigente en relación a los inversionistas que lo hayan suscrito con anterioridad al 01 de enero de 2016. Quienes ingresen inversiones a Chile a contar de esa fecha se regirán por uno de los siguientes estatutos:
 
  • El capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central.
  • Nuevo Régimen de Inversión Extranjera Directa en Chile de la Ley 20.848.
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REGULACIONES Y PROCEDIMIENTOS
 
El ordenamiento jurídico chileno garantiza, tanto a nivel constitucional como legal, una igualdad de trato entre inversionistas nacionales y extranjeros, sujetándolos al mismo régimen jurídico, sin que pueda discriminarse arbitrariamente entre ellos.
 
Dependiendo del tipo y montos de las inversiones, éstas podrán sujetarse en dos regímenes.
 
  1. El capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central: Se aplica a las operaciones de cambios internacionales relativas a créditos, depósitos, inversiones y aportes de capital que provengan desde fuera de Chile por montos superiores a 10.000 dólares o su equivalente en otras monedas.

    Se establece que las divisas que se generen en razón de dichas operaciones se hará a través del Mercado Cambiario Formal, entendiéndose por tal los Bancos y Casas de Cambio autorizadas, cuya entidad deberá informarlas al Banco Central de Chile. Igualmente deben informarse todos los pagos y remesas que se efectúen al exterior.
  2. Nuevo Régimen de Inversión Extranjera Directa en Chile de la Ley 20.848: Se aplica a los inversionistas extranjeros que realicen una inversión directa, entendiéndose por tal, toda transferencia al país de capitales extranjeros o activos de propiedad de un inversionista extranjero o controlado por éste, por un monto igual o superior a 5.000.000.- de dólares de los Estados Unidos o su equivalente en otra moneda, así como aquella inversión que se transfiera y materialice a través de la adquisición o participación respecto del patrimonio de la empresa o en el capital de la sociedad receptora de la inversión, constituida en Chile conforme a la ley chilena, en forma directa o indirecta, que le otorgue control de, al menos, el 10% de los derechos a voto de las acciones de la sociedad, o de un porcentaje equivalente de participación en el capital de la empresa de que se trate.
 
Procedimiento
 
Quienes cumplan con las condiciones antes descritas deberán presentar una solicitud de certificado emitido por la Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera, acreditando la materialización de la inversión en el país. Se debe dar una descripción detallada de la misma, incluyendo monto, destino y naturaleza. La Agencia tiene un plazo de quince días para emitir el certificado.
 
Derechos que confiere este régimen
 
  • Remesar al exterior el capital transferido y las utilidades líquidas que sus inversiones generen, siempre que se haya cumplido con las obligaciones tributarias respectivas.
  • Acceder al mercado cambiario formal para liquidar las divisas constitutivas de su inversión y obtener las divisas necesarias para remesar el capital invertido o las utilidades líquidas obtenidas, correspondientes a su inversión, una vez cumplidas sus respectivas obligaciones tributarias. Además, se establece que el tipo de cambio será el que libremente acuerden las partes.
  • Por otro lado, podrán acceder a la exención del Impuesto a las Ventas y Servicios respecto de los bienes de capital importados que destinen al desarrollo, exploración o explotación en Chile de proyectos mineros, industriales, forestales, de energía, de infraestructura, de telecomunicaciones, de investigación o desarrollo tecnológico, médico o científico. Para este efecto, el inversionista extranjero deberá presentar una solicitud al Ministerio de Hacienda, acompañando el certificado entregado por la Agencia de promoción de la Inversión Extranjera. El Ministerio se deberá pronunciar dentro de 60 días y en caso de que omita su respuesta, se entenderá aceptada la solicitud.
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INCENTIVOS
  1. Créditos por Impuestos Pagados en el Exterior. La Ley de la Renta permite a los contribuyentes utilizar como crédito el impuesto pagado o retenido en el exterior o parte de él, según corresponda, contra los impuestos que deban pagar en Chile.

    La normativa establece como tasa máxima a utilizar por impuestos pagados en el exterior, un 30% o un 32%, si la renta gravada en el exterior proviene de un país con el que Chile no tiene Convenios para Evitar la Doble Tributación, o de un 35%, cuando sí lo tiene. Incluso, en determinadas situaciones, se podrá imputar excedentes de créditos por impuestos pagados en el exterior en los ejercicios siguientes.
  2. Zonas Francas. La ley chilena, buscando aumentar el desarrollo y fomentar la inversión y desarrollo de ciertas regiones del país, ha establecido ciertos incentivos tributarios para la llegada de capitales a dichos sectores. A través de las Zonas Francas, permite que determinados contribuyentes, con operaciones en las áreas beneficiadas, obtengan exenciones y créditos en los impuestos que normalmente deberían pagar.

    Actualmente, existen dos áreas favorecidas: la Zona Franca de Iquique y la Zona Franca de Punta Arenas.

    Los beneficios tributarios consisten en:
    • La exención de los impuestos establecidos en la Ley de Impuestos a la Ventas y Servicios por las operaciones que dichos contribuyentes realicen dentro de los recintos y zonas;
    • La exención del Impuesto de Primera Categoría por las utilidades devengadas en sus ejercicios financieros;
    • Finalmente, los propietarios de los contribuyentes beneficiados que tributen bajo el régimen de renta atribuida, podrán usar el 50% del crédito de Impuesto de Primera Categoría que les hubiese afectado.
  3. Incentivos tributarios por la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D).

    Beneficia a todos los contribuyentes de primera categoría que declaren renta efectiva según contabilidad completa y que realicen actividades en Investigación y Desarrollo, ya sea con sus propias capacidades o contratándola en un 100% a un Centro de Investigación registrado.

    Los beneficios son los siguientes:

    • 35% de crédito tributario contra el Impuesto de Primera Categoría sobre el monto invertido en actividades de I+D debidamente certificadas;
    • 65% restante podrá ser considerado como gasto necesario para producir la renta, independiente del giro de la empresa.

    Dichos beneficios se obtienen siempre que se certifique que las actividades alcanzan una cuantía mínima de 100 UTM y tienen como tope anual del crédito tributario 15.000 UTM.
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REGIMEN TRIBUTARIO
  1. Ley de la Renta. Se establecen impuestos de categorías, que gravan distintos ingresos dependiendo de las actividades que los originen, e impuestos finales, que gravan la totalidad de las rentas obtenidas por las personas naturales domiciliadas o residentes en Chile o las rentas de fuente chilena de las personas no residentes.

    • El Impuesto de Primera Categoría grava, en general, las rentas provenientes del capital como la tenencia o explotación de bienes raíces, las rentas de los capitales mobiliarios, las actividades comerciales, industriales, minería, actividades extractivas, compañías aéreas, bancos, constructores, etc. La tasa de este impuesto varía dependiendo del régimen tributario al que se encuentre acogida la empresa, siendo de un 25% en el régimen atribuido o de un 25,5% (27% desde el año comercial 2018) en el régimen parcialmente integrado.

      El sistema tributario chileno es integrado, por lo que los impuestos pagados a nivel corporativo sirven de crédito contra los impuestos que finalmente paguen los propietarios de las empresas. Igualmente que con las tasas, el porcentaje del impuesto a usar como crédito depende del régimen al que se encuentre acogido la empresa. Así, si es “atribuido” podrá usarse el 100% del crédito y si es parcialmente integrado, el 65%. La excepción a esto último, es que la remesa se haga a domiciliados en países con los que Chile haya acordado Convenios para Evitar la Doble Tributación vigentes o en actual tramitación, caso en el cual se aprovechará la totalidad del crédito.
    • El Impuesto de Segunda Categoría grava las rentas provenientes del trabajo dependiente. Es de carácter progresivo. En caso de que el trabajador solo perciba rentas derivadas de su trabajo dependiente, éste impuesto tendrá el carácter de único.
    • El Impuesto Global Complementario que grava la totalidad de las rentas percibidas o atribuidas a las personas naturales con domicilio o residencia en Chile.
    • El Impuesto Adicional grava los ingresos de fuente chilena que perciba o le sean atribuidos a las personas sin residencia en Chile. En el caso de las rentas remesadas la tasa del impuesto será de un 35%.

  2. Impuesto a las Ventas y Servicios (“IVA”). Se afectan con un impuesto del 19%:

    • La venta de bienes corporales muebles e inmuebles, excluyendo la parte del precio que corresponda al terreno, cuotas de dominio sobre dichos bienes o derechos reales constituidos sobre ellos; siempre que la persona que los transfiera sea calificado de vendedor en razón de la habitualidad de sus operaciones;
    • Los servicios por prestaciones remuneradas que correspondan, principalmente, a las que provengan de actividades comerciales, industriales, intermediación, etc., sean o no habituales. No se incluyen en dichas actividades los servicios profesionales prestados por empleados o profesionales independientes.
    • Asimismo, la ley equipara ciertos actos a ventas y servicios para efectos de gravarlos con el impuesto de 19%. Entre éstos se encuentran las importaciones, los aportes a sociedades efectuadas por vendedores, adjudicaciones de bienes en procesos de liquidación de sociedades cuando corresponden al giro de ésta, ventas de establecimientos de comercio, etc.

  3. Derechos de Aduana. Grava el ingreso de mercancías a Chile. En general, tiene una tasa del 6%, pero excepcionalmente será del 0% en el caso de bienes de capital.

  4. Regalías al exterior. Dependiendo del tipo de goce o explotación, la tasa podrá ser de un 15% o 30%. Excepcionalmente será del 80% cuando sea calificada de improductiva o prescindible para el desarrollo por el Presidente.

  5. Intereses. Por regla general, se aplica una tasa de 35%, pero entre países con tratado se aplica una tasa de 5% o 15%. En ciertos casos la tasa se reduce al 4%
 
 
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LEGISLACIÓN LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL
  1. Contrato de Trabajo. La legislación laboral reconoce que el contrato de trabajo comienza con la prestación de los servicios, debiendo constar por escrito dentro de los 15 días siguientes contados desde esa fecha. Las excepciones a lo anterior son los contratos por obra o plazo fijo que deben contar por escrito dentro del plazo de 5 días.

    Se distinguen tres tipos de contratos:

    • Contrato indefinido: Es la regla general. Es aquel que no tiene fecha de término. Cabe mencionar si un contrato a plazo fijo se renueva por 2 veces, éste pasa a ser indefinido.
    • Contrato a plazo fijo: Es aquel en el que se especifica la fecha de término. No puede exceder de un año de duración y puede ser renovado.
    • Contrato por obra determinada: Es aquel que termina cuando finaliza el trabajo o servicio que dio origen al contrato.

  2. Nacionalidad de los Trabajadores. La normativa laboral exige que, en toda empresa con más de 35 trabajadores, a lo menos, el 85% de éstos sean de nacionalidad chilena. Para lo anterior, se toma en cuenta el número total de trabajadores que un mismo empleador ocupe sin distinguir entre las distintas sucursales u oficinas que pueda tener. Sin embargo, se reconocen las siguientes excepciones a la limitación de contratación de trabajadores extranjeros:

    • Se excluye al personal técnico especialista;
    • Se tiene como chileno al extranjero cuyo cónyuge o sus hijos sean chilenos o que sea viudo o viuda de cónyuge chileno; y,
    • Se considera también como chilenos a los extranjeros residentes por más de cinco años en el país, sin tomarse en cuenta las ausencias accidentales.

  3. Jornada Laboral. La duración de la jornada de trabajo será la establecida en el contrato, sin que pueda exceder de 45 horas semanales, pudiendo distribuirse en 5 o 6 días. Ningún día puede exceder de 10 horas de trabajo, incluyendo las 2 horas extraordinarias que, como máximo, permite la Ley.

    Las horas extraordinarias no pueden ser más de 2 horas diarias y se remuneran con un recargo del 50% por sobre la remuneración convenida para la jornada ordinaria. Dicha normativa no resulta aplicable a los gerentes, administradores y apoderados con facultades de administración y, en general, a aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata.

  4. Remuneraciones. Las remuneraciones se pueden pagar de la forma que acuerden las partes, no pudiendo exceder una diferencia temporal de un mes entre ellas.

  5. Seguridad Social. Se exigen las siguientes cotizaciones previsionales:

    • Pensiones de vejez, invalidez o supervivencia: Los trabajadores cubren sus pensiones de jubilación con una contribución del 10% de su remuneración mensual, hasta un límite de €2.250 aprox.

      Adicionalmente la empresa debe pagar un seguro por un valor equivalente al 1,5% aprox. del salario mensual de cada trabajador con el fin de costear prestaciones que otorga en caso de invalidez y supervivencia.

      El trabajador tiene derecho a jubilarse a los 65 años, en el caso de los hombres y a los 60 años en el caso de las mujeres.
    • Seguro de salud: El trabajador deberá contribuir con el 7% del salario mensual, hasta el máximo ya señalado. En todo caso la ley permite cotizaciones superiores a elección del trabajador.
    • Seguro de accidentes de trabajo: Corresponde a un mínimo del 0,95% de la remuneración del trabajador y es de cargo del empleador. La cotización puede aumentar según el riesgo de la empresa.
    • Seguro de cesantía: Se financia por parte del trabajador (0,6% de la remuneración) y el empleador (entre un 2,4% a un 3,0% de la remuneración).
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Convenio Anticohecho para Empresas con Participacion de Capitales Españoles en Chile
Por sugerencia de la Secretaría General de Comercio Exterior, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España, procedemos a difundir los siguientes documentos:
 
Se trata de un Instrumento y de un Convenio Internacionales adoptados en el seno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), aunque abiertos, y de hecho firmados por países no pertenecientes a esta organización, con el fin de promover un comportamiento ético de las empresas que invierten en países diferentes al suyo original. La diferencia fundamental entre uno y otro estriba en que el primero contiene recomendaciones de cumplimiento voluntario por las empresas, mientras que las disposiciones del segundo (llamado en España de manera más simple "Convenio Anticohecho") son de obligado cumplimiento para las administraciones y empresas de los países firmantes.
 
Las "Directrices" fueron adoptadas en junio de 2000 y son recomendaciones que los Gobiernos de los países que las suscriben (todos los OCDE más Argentina, Brasil, Chile, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía e Israel) dirigen a sus empresas multinacionales, con el fin de promover su comportamiento responsable y de instaurar un clima de confianza entre ellas y las sociedades de los países en los que operan.
 
Se articulan en un Preámbulo y diez capítulos (Conceptos y Principios, Principios generales, Publicación de Informaciones, Empleo y Relaciones Laborales, Medio Ambiente, Lucha contra la Corrupción, Protección de los Consumidores, Ciencia y Tecnología, Competencia, Fiscalidad), indicándose en ellas las conductas a seguir por las empresas multinacionales en diversos campos.
 
Un aspecto a destacar es su puesta en práctica efectiva a través de los Puntos Nacionales de Contacto, encargados de la divulgación de las Directrices y de su aplicación en casos concretos. En España se encuentra situado en la Secretaría General de Comercio Exterior. La divulgación de las Directrices es pues tarea esencial y más en estos momentos en que la internacionalización de nuestras empresas ha alcanzado un nivel de cierta consideración.
 
El "Convenio Anticohecho", fue adoptado en diciembre de 1997, está suscrito por cerca de 40 países (los miembros de la OCDE más Argentina, Brasil, Chile, Bulgaria, Eslovenia y Estonia) y tiene por finalidad el erradicar comportamientos corruptos que tan nocivos son para el comercio y la inversión.
 
El "Convenio" ha sido transpuesto a la legislación española en un artículo del Código Penal (artículo 445), siendo por tanto de obligado cumplimiento, incurriendo las personas, tanto físicas como jurídicas, que lo infringieran en responsabilidades penales. Debido a este último aspecto, es importante que las empresas que quieran realizar cualquier tipo de actividad en el exterior lo conozcan.

 

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